La “Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011”, como su propio nombre indica, establece la metodología para calcular las aportaciones entre los años 2007 y 2011. Esta Ley se elaboró teniendo en cuenta la situación en aquel momento de cada uno de los Territorios Históricos, y estableciendo los coeficientes horizontales (el porcentaje con el que cada Diputación debe contribuir al Gobierno Vasco), en base a dos criterios: riqueza y esfuerzo fiscal de cada Territorio Histórico. Ahora, agotado ya el plazo de vigencia de la Ley, ha de procederse a una revisión de la misma y al establecimiento de nuevas fórmulas de cálculo que correspondan a la situación actual de los Territorios Históricos.

En la comparecencia de ayer, Javier De Andrés criticó duramente esta Ley por perjudicar a Álava, pero lo que sin embargo no dijo el Diputado General es que la vigente Ley de Aportaciones fue aprobada siendo Diputado General de Alava Ramón Rabanera, y Diputado de Hacienda Juan Antonio Zárate, ambos miembros electos del Partido Popular, quienes participaron directamente en las negociaciones que llevaron a su aprobación.

Tras dicha aprobación, Ramón Rabanera declaró que la Ley garantizaba recursos suficientes para Álava, y se mostró conforme en todo momento con el coeficiente horizontal que se establecía en ella (el porcentaje con el que cada Diputación debe contribuir al Gobierno Vasco).

En el año 2008, a la vista de la situación real del territorio, y en el seno del Consejo Vasco de Finanzas, el gobierno foral presidido por el nacionalista Xabier Agirre consiguió para Álava una aportación extraordinaria de 21 millones de euros.

Además la propia Ley de Aportaciones establecía, el denominado Fondo General de Ajuste para corregir desviaciones en su aplicación, y que sustituía al antiguo Fondo de Solidaridad. Así, en 2011 Alava recibió por dicho Fondo 30 millones de euros netos (recibió 35 y pagó 5).

Dos cantidades que Javier de Andrés no ha incluido en sus cálculos falseando el resultado final. Tampoco ha tenido en cuenta que Álava recibe una importante cantidad en concepto de IVA que se recauda fundamentalmente en Bizkaia y que es transferida a la DFA. Un sistema que de no aplicarse, Alava saldría perjudicada ya que es un territorio exportador y su recaudación por IVA es proporcionalmente más baja que la del resto de territorios.

Con la aprobación de la Ley de Aportaciones se establecieron también otros dos fondos, el MAFIP (Plan Marco de Apoyo Financiero a Inversión Publica) y el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Sanitarias.  El MAFIP contemplaba inversiones en Araba por un total de 117 millones de euros, con unas aportaciones de la Diputación Foral de Alava de 35 millones. Y el Fondo de Inversiones Socio Sanitarias contemplaba inversiones en Araba por importe de 68 millones de euros, con una aportación de la Diputación Foral de Álava de 20 millones.

Finalizada la vigencia de la Ley en 2011, Javier De Andrés aceptó prorrogarla un año más, el 2012, aceptando también perder estos dos últimos fondos en dicha prórroga, causando de este modo un grave perjuicio a Álava.

“Si la vigente Ley de Aportaciones está mal hecha y perjudica a Alava, como dice Javier De Andrés, ello es responsabilidad exclusiva del Partido Popular. Fue Ramón Rabanera quien negoció ésta ley y se mostró satisfecho con ella. Ha sido Javier de Andrés quien ha aceptado su prórroga en las peores condiciones, perdiendo además dos fondos fundamentales para Álava. Ahora es necesario proceder a la revisión de la Ley de Aportaciones y obtener la mejor financiación para Álava, pero a la vista de lo ocurrido con gobiernos anteriores del Partido Popular y de la probada incapacidad del gobierno de Javier De Andrés, es probable que este objetivo no se consiga. En todo caso el gobierno foral tendrá nuestro apoyo si de verdad pretende lograr lo mejor para Alava y no caer en discursos victimistas.” ha recordado Ramiro González, portavoz del Grupo Juntero EAJ-PNV.

Una vez finalizada la vigencia de la Ley de Aportaciones, debe procederse a negociar una modificación de la misma, pero sin demagogias y sin utilizar datos falsos. Han de negociarse los porcentajes que corresponden a cada Territorio Histórico teniendo en cuenta la situación real en la actualidad de cada uno de ellos. Hay que recordar que lo datos de este último año nos dicen que Álava es el Territorio Histórico donde más ha caído la producción industrial, más ha subido el paro y más ha bajado la recaudación, y que esta situación económica especialmente complicada nos obliga a cambiar los criterios de la Ley de Aportaciones, readaptándolos a la situación real de nuestra economía.

En el caso de Álava, desde que gobierna el Partido Popular, el Territorio se ha empobrecido de forma alarmante, por lo que esta nueva situación habrá de ser tenida en cuenta en esa negociación. “Los antecedentes nos llevan a concluir que si depende del Partido Popular, Álava no saldrá bien parada.” ha concluido el portavoz jeltzale, Ramiro González.