Vitoria-Gasteiz. 19 de enero 2015. El portavoz juntero del EAJ-PNV, Ramiro González, se ha mostrado dispuesto a modificar la Norma Foral para desbloquear la polémica surgida con la subida del 41% en el Impuesto de Actividades Económicas ”y, con ello, contrarrestar la política errática del Partido Popular y arreglar las chapuzas de Maroto”. El candidato nacionalista a Diputado General condiciona este visto bueno a que “siempre exista una garantía jurídica absoluta de que dicha reforma no va a ser anulada en los tribunales”.

El portavoz nacionalista ha recordado cómo todo el asunto comenzó cuando EH-Bildu pactó con el Partido Popular un incremento en el IAE del 41% y continuó con el acuerdo, esta vez con el SEA, para que dicha subida se quedara en el 10%. “Esta política errática del alcalde del Partido Popular de negociar acuerdos contradictorios e incumplir de forma reiterada su palabra es la que ha provocado esta chapuza con el IAE: una subida del 41% en un momento de fuerte crisis con muchas empresas al borde del cierre y miles de trabajadores y trabajadoras sufriendo sus consecuencias”.

Ramiro González ha ratificado la postura que el Partido Nacionalista Vasco ha mantenido desde el  principio: “No queremos que exista subida en el IAE. Sin embargo, ahora mismo, está aprobada en Gasteiz una ordenanza municipal que incrementa este impuesto en un 41% debido a las chapuzas de Maroto y al pacto Bildu-Partido Popular. Para remediar dicha barbaridad, el PNV está dispuesto a que el incremento sea del 5% y así solucionar el problema generado por la línea habitual que sigue Maroto de perseguir sólo un golpe de efecto”.

Asimismo, el portavoz de EAJ-PNV en JJ.GG. quiere dejar claro que “hemos llegado a esta decisión, por supuesto no para ayudar a Maroto, sino convencidos de que es la vía para ayudar a las 1.600 empresas de Gasteiz y a los miles de trabajadores y trabajadoras que hay detrás de esas empresas y que, si no hacemos nada, se verán abocadas a sufrir esta desproporcionada subida del 41%”, ha esgrimido.

En cualquier caso, Ramiro González se ha mostrado tajante en que si la solución llega desde las J.GG. de Álava con la reforma de la Norma Foral han de darse dos condiciones: garantía absoluta de legalidad y que la subida del IAE sea del 5%. “La modificación que aprobemos, para permitir que el Ayuntamiento pueda compensar a las empresas afectadas con la subida del 41%, tiene que ser absolutamente legal. Las Juntas Generales son una institución seria, legislan y deben hacerlo con absoluta garantía jurídica”, ha manifestado para recordar que Maroto ya ha perdido un procedimiento en los tribunales debido al IAE.

La propuesta del PP, sin garantías

En este punto, el portavoz juntero nacionalista ha recordado que desde el Gobierno foral, ya se ha realizado su propuesta de modificar la Norma del IAE mediante Decreto Normativo de Urgencia Fiscal. La respuesta nacionalista, después de realizar diversas consultas, es que dicha propuesta no reúne el requisito de garantía absoluta de legalidad. “No resulta claro que sea posible la modificación retroactiva del IAE que posibilita el decreto. De hecho – ha concretado Ramiro González- el decreto autorizaría al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a establecer en la ordenanza una minoración de la cuota tributaria del impuesto para el año 2015, siempre que exista causa suficiente que lo justifique. Y es este concepto de `causa suficiente que lo justifique´ el que nos plantea muchas dudas”.

En dicha línea, Ramiro González razona que se necesita saber cuál es la causa que se va a alegar y que ésta cumpla las exigencias de los tribunales y por la tanto, no puede ser recurrida. “Las prisas no son buenas consejeras y el Partido Popular quiere aprobar una modificación deprisa, con el riesgo de que luego sea anulada en los tribunales”, ha valorado.

Por lo tanto, el grupo juntero de EAJ-PNV condiciona la aprobación de la propuesta a que ésta venga acompañada de todos los informes que garanticen su absoluta legalidad. Dichos informes serían el referente a la aplicación retroactiva a 1 de enero de 2015 y otro informe jurídico que Diputación y Ayuntamiento consideren suficiente para aplicarlo en el año en curso. “Sólo así, aprobaríamos la modificación. En caso contrario, quedaríamos a la espera de un texto que reúna estos requisitos”, concluye.