Los portavoces de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales de Álava, Gorka Urtaran y Ramiro González, han exigido al PP que paralice inmediatamente la subida de un 52% en la tasa de vertido de residuos que pretende imponer a las Cuadrillas del Territorio y aplace esta medida para que puedan adaptarse al próximo cambio en la gestión del tratamiento de basuras. El pasado 15 de abril y sin previo aviso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les informó mediante un correo electrónico de que, a partir del próximo 4 de mayo, no podrán seguir utilizando en vertedero de Gardelegi para depositar residuos y tendrán como alternativa la Planta de Biometanización y Compostaje ubicada en Jundiz. Este cambio forzará a las Cuadrillas a pagar 68,56 euros por tonelada de residuo entregada cuando hasta ahora eran 45,05 euros.

“Este modo de hacer las cosas es un completo abuso. Abuso en las formas, saltándose los plazos y canales habituales para comunicar una decisión de este calado de forma precipitada, y abuso en el fondo, subiendo de golpe un 52% la tasa de vertido a unas cuadrillas que no tienen capacidad económica para hacer frente a este pago totalmente imprevisto y absolutamente injusto”, ha señalado el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran.

A juicio de Urtaran, lo más preocupante es el motivo que ha llevado al PP a notificar a las Cuadrillas de una forma tan repentina el cambio en la gestión de los residuos urbanos. Esta decisión llega tres días antes de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la CAV haya desbloqueado la adjudicación a FCC de la gestión del vertedero de Gardelegi. La adjudicación de este contrato fue recurrida por considerarse que se estaba llevando a cabo una baja temeraria al contemplarse en la oferta ganadora el cambio de destino de los residuos de las cuadrillas. “Con ejemplos como éste vemos que la toma de decisiones en materia de gestión de residuos no es del Gobierno municipal, sino de una empresa. Maroto y el PP actúan al dictado de FCC por encima del interés general. Basta ya de actuar en contra de las personas para favorecer los intereses de una empresa”.

El portavoz nacionalista ha reclamado al PP un aplazamiento de esta medida para dar a las Cuadrillas el plazo necesario para adaptar su logística de recogida de basuras al cambio de ubicación. El portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aboga también por una aplicación razonable y progresiva de la subida de tarifas frente al atropello que supone un incremento repentino del 52%. “Maroto no es consciente del problema que está generando al imponer esta subida imprevista. A las cuadrillas no les va a quedar otra alternativa que reflejar este aumento de costes en el recibo de basuras y no pueden modificar sus ordenanzas fiscales hasta el año próximo. No se puede actuar con tanta torpeza”, añade Urtaran.

En este sentido, Ramiro González plantea dos propuestas para que el cambio en el sistema de gestión de residuos del Territorio se haga de forma razonable y ecuánime. En primer lugar, permitir que la subida del recibo de basuras que las Cuadrillas de Araba van a tener que repercutir a sus vecinos se pueda hacer de forma progresiva, con un incremento anual máximo del 10% en la tasa. Por otra parte, González propone que la Diputación Foral de Álava compense aquellos ayuntamientos a los que este cambio suponga un mayor coste de operatividad, de forma que no se produzcan desequilibrios entre las Cuadrillas y el recibo que se gira en cualquier municipio sea equitativo. Para ello, la Diputación compensaría económicamente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las diferencias que se generaran a través del Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava. “Mantener la propuesta unilateral que ha hecho el PP de subir inmediatamente un 52% la tasa de vertido pone en serio peligro la situación económica de las Cuadrillas y, de tener que trasladarla directamente a los recibos de basuras de sus habitantes, sería un completo atraco. Es perfectamente viable llevar a cabo una aplicación gradual y razonable de este cambio y, además, hay que velar para que el nuevo sistema de gestión de residuos no perjudique aún más a aquellas localidades que, al tener la planta de Jundiz a mayor distancia, van a tener que realizar un esfuerzo económico superior. Para ello, proponemos que el Plan de Gestión de Residuos contemple este tipo de compensación”, ha afirmado el portavoz de EAJ-PNV en las Juntas Generales.

La reacción de las Cuadrillas de Araba no se ha hecho esperar y han remitido a Javier Maroto una solicitud para dejar sin efecto el cambio en el sistema de gestión de residuos hasta que acabe del presente ejercicio, de modo que puedan adaptarse con tiempo suficiente al nuevo requisito que se les marca y el incremento de tarifa que conlleva. “Todos somos conscientes de la necesidad de reubicar el traslado de residuos del territorio de Gardelegi a Jundiz. Sabemos desde hace años que la normativa europea nos obliga a ello, pero un cambio de este tipo no se puede hacer de una forma tan precipitada, abusiva y arbitraria. También hay que tener en cuenta que la planta de Jundiz se financió gracias a un convenio en el que participó la propia Diputación, un convenio por el que obligatoriamente el Territorio tiene que tener voz y voto a la hora tomar decisiones de este calado”, argumenta Ramiro González.