En este sentido, nuestras instituciones, consideran que el Juzgado ha realizado “una interpretación contraria” a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene carácter “vinculante” para los juzgados españoles. Y por tanto, “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva” contemplado en la Constitución.

Diputación y Juntas Generales entienden que, en el presente caso, no habría duda de que la incorporación del Estado Español a la Organización de Naciones Unidas, en diciembre de 1955, conlleva el indudable conocimiento de la normativa internacional en materia de Derechos humanos y sanción a los crímenes contra la humanidad, mucho antes de que ocurrieran los hechos objeto de la querella (marzo de 1976).

Finalmente, en el caso de que este recurso no fuera estimado, gobierno y legislativo interpondrán el correspondiente recurso de apelación.